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El Constitucional anula la sanción impuesta a un profesor que explicó a sus alumnos por qué iba a secundar una huelga

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El Constitucional anula la sanción impuesta a un profesor que explicó a sus alumnos por qué iba a secundar una huelga

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por un profesor de Educación Primaria que fue sancionado a un mes de suspensión de empleo y sueldo por entregar a sus alumnos una carta, dirigida a los padres, en la que anunciaba que participaría en una huelga convocada para el día siguiente. Aussi, el profesor expuso en clase los motivos por los que, en su opinión, debía secundarse el paro.

El Tribunal considera que la conducta del educador no es constitutiva de la falta leve por la que fue sancionado, consistente en “incumplimiento de los deberes y obligaciones del personal funcionario (…)", y anula tanto la sanción impuesta por la administración de Castilla-La Mancha como la sentencia que la confirmaba porque vulneran el principio de legalidad penal establecido en el artículo 25.1 de la CE.

Según la Carta Magna, el principio de legalidad penal supone “que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente, en el momento de la comisión del hecho”.

¿Conducta infractora?
La doctrina constitucional también reitera la “exigencia de una prueba de cargo suficiente” como garantía del respeto a la presunción de inocencia. En este caso concreto, la administración manchega se basa en dos son las conductas para legitimar la sanción: que el educador utilizó bienes públicos para su uso particular y por incumplir el deber de neutralidad en el ejercicio de sus funciones como profesor.

La primera de esas conductas consistió en emplear aproximadamente diez minutos de clase y los canales de comunicación con los padres de los alumnos para difundir sus opiniones personales.

En referencia a este asunto, los magistrados opinan que la actuación del profesor, “que sólo dedicó unos minutos de la clase a explicar a sus alumnos las razones de la huelga y entregó una nota dirigida, con la misma finalidad, a sus padres, no tiene encaje en el tipo sancionador”, dada la naturaleza de la información transmitida y el escaso tiempo que dedicó a ello.

La segunda conducta que hace referencia la sentencia consistió en valerse de su posición como “empleado público docente” y de los medios a su disposición para “expresar su opinión personal sobre la huelga convocada, resultando su actuación parcial y carente de la objetividad y neutralidad” que le eran exigibles.

La sentencia afirma al respecto que la comunicación, cuyos destinatarios eran los padres y no los alumnos, no vulneró el deber de neutralidad del recurrente “al no haberse acreditado en el expediente” que dicha carta “posea un contenido informativo que se pueda entender vulnerador del deber de neutralidad funcionarial”.

No intentaba adoctrinar
El Tribunal concluye que el único hecho acreditado consistió en que el demandante de amparo “informó a los alumnos sobre la convocatoria de huelga y su voluntad de secundarla”. Parece lógico pensar, añade, que al ofrecer esa explicación debió “reflejar su posición favorable” al paro; “pero esa circunstancia no denota, por sí sola, un afán de adoctrinamiento o, al menos, un propósito de influir tendenciosamente en el alumnado”. Donc, no ha quedado demostrado que el recurrente cometiera la infracción consistente en el incumplimiento de sus deberes.

Al no encajar los hechos probados en la falta disciplinaria por la que se impuso la sanción, la sentencia anula tanto las Resoluciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad de Castilla-La Mancha como la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara que las confirmó por vulnerar el principio de legalidad.

noticias.juridicas.com

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