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¿Quién restaura el equilibrio ecológico dañado por un delito medioambiental?

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¿Quién restaura el equilibrio ecológico dañado por un delito medioambiental?

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La elección del día 5 de junio para celebrar el día mundial del medio ambiente fue elegida por la Asamblea General de la ONU en 1972 para conmemorar la Conferencia de Estocolmo, celebrada ese mismo año, en la que los Estados debatieron por primera vez sobre cuestiones ambientales internacionales, marcando un hito en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente. El impacto en Europa fue inmediato, pues en 1973 la Comunidad Económica Europea dictó la primera Directriz sobre Protección del Medio Ambiente y los Consumidores.

Más recientemente, la Cumbre de París de 2015 supuso un paso al frente en la lucha contra el calentamiento global del planeta. En ella se consiguió un acuerdo histórico, que tomará el relevo al Protocolo de Kioto, to reduce greenhouse gases in the signatory countries,,es,including the European Union,,es,which confirmed the agreement,,es,But just a few days ago,,es,US President Donald Trump has distanced himself apologetically in his campaign promise to boost the US economy,,es,the second biggest polluter worldwide,,es,This year,,es,UN faces the latter event by choosing a slogan,,es,Connecting people with nature,,es,which invites us to remember that we are linked to our environment and the future of the Earth,,es,Faced with ongoing environmental hazard situations how the penal system reacts,,es, incluyendo la Unión Europea, la cual ratificó el acuerdo el 5 de octubre de 2016. Pero hace tan solo unos días, el presidente de Estados Unidos Donald Trump se ha desmarcado excusándose en su promesa electoral de potenciar la economía estadounidense, la segunda nación más contaminante a nivel mundial. Este año, la ONU hace frente a este último suceso eligiendo un eslogan, “Conectar a las personas con la naturaleza”, que nos invita a recordar que estamos vinculados con nuestro entorno y al futuro de la Tierra.

Frente a las continuas situaciones de peligro medioambiental ¿cómo reacciona el sistema penal? ¿Qué condenas se han impuesto en los casos más graves de delito ecológico en estos últimos años? ¿Qué pasa con la reparación del daño?

El desastre del Prestige: ¿quién restaura el equilibrio ecológico dañado?
El accidente del buque petrolero Prestige y su posterior hundimiento en 2002 provocó un vertido contaminante de 63.000 toneladas de fuel al mar, afectando 2.980 km de costa, y generando 170.700 toneladas de residuos. El desastre ocasionó una gran mortalidad de aves y especies marinas.

Catorce años después desde que aquel fatídico 13 of november 2002, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Sentencia 865/2015 of 14 de enero 2016, Rec. 1167/2014, revocó la sentencia absolutoria del capitán por el delito de medio ambiente dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña, sentence 13 de noviembre de 2013, elevando su condena a dos años de prisión. A juicio del Supremo, el tribunal de instancia ponderó de forma irracional la intensidad de la imprudencia y los factores a considerar para conformarla, y sentencia que no existe delito de desobediencia, sino medioambiental, lo que abrió las puertas al cobro de indemnizaciones por responsabilidad civil.

El alto tribunal corrigió la decepción de la sentencia en primera instancia, esencialmente absolutoria, estimando parcialmente los recursos de casación interpuestos por el Fiscal, la Administración General del Estado, la Xunta de Galicia, el Estado Francés al que se adhirió el Ayuntamiento de Biscarrose, el Consejo Regional de Bretaña, inter alia, condenando al capitán del buque como autor responsable, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un delito imprudente contra el medio ambiente en la modalidad agravada de deterioro catastrófico a la pena de dos años de prisión (subtipo agravado imprudente del art. 326 e) CP -riesgo de deterioro irreversible y catastrófico), con la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa armadora . On the other hand, la sentencia del Supremo confirma la absolución al jefe de máquinas y Director de la Marina Mercante imputados

Con el fin de respetar los límites a la prohibición de la reformatio in peius, la condena en segunda instancia se basa en el error de subsunción, a partir un escrupuloso respeto a los elementos fácticos, en los que se tiene en cuenta el número de elementos naturales destruidos, especies afectadas, duración de los efectos y actividad económica perturbada. La calificación de la actuación negligente del capitán indaga en sus acciones y omisiones, como la de asumir la navegación en condiciones climatológicas adversas, con un barco envejecido, con exceso de carga, sobrecalado y con deficiencias operativas graves que impedían la seguridad y maniobrabilidad ante una situación de crisis. Tal y como señala el tribunal, se colocó en una situación en la que no podía garantizar la seguridad del barco ante un fuerte contratiempo, como fue ese fallo estructural que determinó el colapso de la maquinaria y la fractura del casco. Tal conducta, tipificable como desobediencia, es subsumida por el principio de especialidad en el art 326.b) CP (pena superior en grado a la prevista por el art. 325) a fin de evitar un supuesto de doble sanción.

Pero más fundamental fue la cuestión de la responsabilidad civil por los daños ocasionados, pues la Fiscalía había reclamado más de 4.000 millones de euros de indemnizaciones. El Tribunal Supremo la resuelve declarando la responsabilidad civil directa del capitán y la aseguradora (la póliza tenía un límite de cobertura de 1 billón de dólares USA), y subsidiaria de la propietaria del buque y del FIDAC (Fondo Internacional para la indemnización de daños causados por hidrocarburos), con los límites establecidos en el Convenio que lo regula. La concreción del importe de las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil se difiere a la fase de ejecución de sentencia; cantidad que debía abarcar la restitución, la reparación del daño, tanto el emergente como el lucro cesante, incluido el daño medioambiental en sus distintos aspectos, y la indemnización de perjuicios materiales y morales, con el límite de las peticiones formuladas por las partes en sus conclusiones definitivas. Puesto tanto el acusado como la compañía actuaron “temerariamente y a sabiendas de que probablemente se causarían tales daños” no rige para ellos el límite de responsabilidad previsto en el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos aplicado

Desastre de Aznalcóllar: ¿reponer el terreno a su estado original?
El desastre ecológico, producido por un vertido de residuos tóxicos en el Parque Nacional y Natural de Doñana, the 25 de abril de 1998, derivados de la rotura de la una presa en la mina de Aznalcóllar, propiedad de una empresa sueca, que provocó cuantiosos daños mediambientales. In 2002 se cerró la vía penal, pero ¿a quién correspondía pagar la limpieza de los seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que afectaron a 4.634 hectáreas en el entorno del parque de Doñana?

La cuestión se centró en la responsabilidad de la empresa titular de la explotación minera, que recurrió la sanción impuesta por acuerdo del Consejo de Ministros de 601.012’10 €, además de la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico, valorados en 2.870.181’66 €, y la de abonar 41.606.316’75 € por los gastos originados por la reposición del terreno a su estado original. La corrección establecida por el Supremo, sentencia Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 22 Nov. 2004, Rec. 174/2002, se limitó a señalar que de este último importe debía deducirse la cantidad de 1.352.772,17 €.

La sentencia acepta los informes periciales evacuados, que coinciden en que la rotura de la balsa de almacenamiento de residuos mineros que la entidad recurrente explotaba se debió a que ni en su proyecto de construcción ni en un posterior estudio de estabilidad y otro proyecto de recrecimiento realizados se previó adecuadamente el comportamiento del subsuelo.

En relación con la obligación de reponer las cosas al estado anterior, alegaba la sociedad recurrente que “se trata de una exigencia nula por haberle sido impuesta sin observar el procedimiento legalmente establecido para ello, que habría exigido que previamente a la actuación de la Administración se le hubiera requerido para que ella misma procediera a la reparación in natura de los daños causados”. Frente a este criterio, estima el Tribunal que la naturaleza altamente contaminante de los productos arrastrados desde la balsa exigieron una urgente tarea de limpieza que evitara riesgos de filtraciones que pudieran causar daños irreparables al medio ambiente, singularmente a un acuífero de capital importancia para la zona, y que la obligación de reposición alcanza a todas las dependencias del dominio público hidráulico incluidas en el artículo 2 de la Ley de Aguas, entre ellas los acuíferos. On the other hand, la Administración no ha actuado, afirma el Supremo, en ejecución subsidiaria de la sociedad recurrente, sino a título propio en una actuación reparadora cuyo coste debe ser satisfecho por el causante de los vertidos.

Las batallas judiciales por el desastre de Alnazcollar se han sucedido a lo largo de estos años, si en el 2009 la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 15 Abr. 2009, Rec. 291/2007, negaba la responsabilidad solidaria del Ministerio de Medio Ambiente y de la Junta de Andalucía junto con la empresa titular de la balsa, in 2012 el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 6 Sea. 2012, Rec. 6324/2009, insiste en que no ha quedado acreditado que fuera obligación de la administración autonómica comprobar la adecuada redacción técnica del proyecto de construcción de la balsa. Indica el Supremo: ” No basta con aducir que la mayor parte de las veces los incumplimientos de las administración públicas en sus funciones de inspección y vigilancia constituyen el origen de los daños y que es raro que detrás de un evento de estas características no haya un rosario de incumplimientos procedimentales en los protocolos preceptivos de control. Ha de justificarse, siquiera indiciariamente, el incumplimiento esgrimido. Aquí no ha puesto de manifiesto la existencia de disposición alguna que obligara a la administración autonómica a realizar inspecciones técnicas de la balsa para acreditar su buen estado en cuanto a seguridad”.

La última revisión de los delitos contra el medio ambiente
La LO 1/15 of 30 March , incide con cambios importantes en la regulación de los delitos medioambientales, fundamentalmente por la necesidad de adaptar el texto a la Directiva 2009/123/CE por la que se modifica la Directiva 2005/35/CE relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones, y de incorporar adecuadamente la Directiva 2008/99/CE de 19 de noviembre de 2008 , relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, algunas de cuyas conductas no fueron transpuestas con anterioridad. Tras la reforma de 2015, se regulan separadamente los supuestos de contaminación vinculada a actividad industrial. De este modo se mejora la sistemática, distinguiéndose las siguientes modalidades delictivas:

– Delito medioambiental;

– Tratamiento de residuos;

– Actividad industrial peligrosa.

El actual artículo 326.2 the Penal Code, redactado por la LO 1/15, of 30 March, tiene su antecedente en el anterior art. 328.4.Tras la LO 1/15, las variaciones son importantes: no se exige contravención de norma administrativa alguna, configurándose residualmente respecto del apartado anterior, el art. 326.1 CP, que sí exige la contravención legal. El traslado se refiere ahora a una cantidad no desdeñable (ya no habla de cantidad importante) de residuos. Y debe ser de alguno de los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión Europea relativo a los traslados de residuos, esto es, cuando dicha actividad esté incluida en el ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 35, Regulation (CE) No. 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, of 14 June 2006, relativo a los traslados de residuos.

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